Exigen interrogar a Ángel Aguirre por el caso de los 43
Colectivos de familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa demandan que las autoridades judiciales llamen a declarar al exgobernador de Guerrero.
Representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han solicitado formalmente ante la Fiscalía General de la República que se realice un interrogatorio al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Esta petición surge en el marco de las investigaciones vigentes sobre los hechos ocurridos en Iguala, bajo la premisa de esclarecer las responsabilidades institucionales y las omisiones administrativas que pudieron influir en el desenlace de aquel suceso.
Los colectivos de defensa de los derechos humanos argumentan que es indispensable profundizar en la cadena de mando y las decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo estatal durante aquel periodo. La exigencia busca que el exmandatario proporcione información detallada sobre el conocimiento que las autoridades estatales tenían respecto a la situación de seguridad en la zona de Iguala en septiembre de 2014, buscando eliminar cualquier cabo suelto en la narrativa oficial del caso.
La solicitud se presenta mientras la FGR continúa con las diligencias para integrar nuevas líneas de investigación que han sido señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los familiares sostienen que la rendición de cuentas no debe limitarse a los actores directos en el terreno, sino que debe alcanzar a quienes ejercían cargos de alta responsabilidad pública en el estado de Guerrero.
Por su parte, los abogados de las familias han subrayado que esta acción forma parte de un esfuerzo persistente por acceder a la verdad y la justicia. El equipo legal enfatiza que, aunque se han logrado avances en la identificación de restos y la detención de presuntos implicados, la estructura de poder que permitió la desaparición masiva sigue siendo un punto central que requiere mayor escrutinio ministerial.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una respuesta definitiva sobre la fecha o las condiciones en que se llevaría a cabo dicha diligencia. Mientras tanto, los padres de los normalistas mantienen su postura de movilización pacífica, insistiendo en que el acceso a la verdad es un derecho humano fundamental que no debe verse obstaculizado por la jerarquía política de los involucrados.
